Buscan penalizar la violencia de género digital, mientras crecen las denuncias

January 11, 2019

La difusión sin consentimiento de material íntimo, el acoso digital y el hackeo de redes sociales son tres ejes que definen la violencia digital de género, en especial contra las mujeres, un flagelo creciente en el país en un contexto donde persiste un vacío legal al no estar penalizado este tipo de conductas.

 

Que estas acciones sean tipificadas en el Código Penal es precisamente lo que persigue la Fundación Activismo Feminista Digital, organización que en 2017 promovió un proyecto de ley en el Congreso. En paralelo a esta propuesta, el año pasado impulsó una iniciativa para modificar la Ley Nacional N.º 26.485 de Protección Integral hacia las mujeres, con el fin de incorporar la violencia digital y la violencia telemática como otra manera de ejercer violencia machista, así como definir una serie de derechos digitales.

Marina Benítez Demtschenko, al momento de presentar el proyecto de ley.

 

“Si bien las conductas dañosas en Internet pueden ser contra cualquier género, las mujeres estamos socialmente vulneradas por estas mecánicas y no tenemos la debida recepción incluso desde el área administrativa pública. Cuando vas a hacer una denuncia por estos temas en general te dicen que no es delito o que por ahí en un mes pasa”, explicó a LA PERINOLA la abogada platense Marina Benítez Demtschenko, presidenta de la ONG y especialista en Derecho Informático, quien conoce de primera mano cómo afecta a una víctima este tipo de violencia. A partir de su experiencia, y junto a otras dos colegas, creó la Fundación para trabajar esta temática desde el feminismo y las nuevas tecnologías e Internet, y ofrecer asesoramiento jurídico e informático a mujeres víctimas.

 

Creció el acoso digital y cambió la edad atacada

 

Si durante 2017 la Fundación recibió unas cinco denuncias diarias por acoso virtual y publicación de imágenes y videos íntimos, con una franja etárea más afectada de los 22 a 35 años, el año pasado hubo un cambio en cuanto a la modalidad y edad.

 

Si bien aún en la ONG no terminaron de cerrar el informe, que sería presentado en marzo, Benítez Demtschenko adelantó a este medio: “La tendencia es que bajaron los números de consultas por difusión no consentida de material íntimo. Creemos que se debe a una mayor concientización sobre el tema; y no solo los agresores no lo hacen tanto porque saben que hoy es muy repudiado socialmente, sino que tampoco las víctimas nos consultan tanto porque encuentran en la Comisaría de la Mujer y en distintas dependencias públicas ciertos posibles canales de recepción”, destacó.

 

Por el contrario: “Hemos visto un número creciente de acoso digital, y muy relacionado con los trolls machistas, que de repente empiezan a perseguir a mujeres que no necesariamente son exparejas”, advirtió. Esta reacción se dio con mayor notoriedad, acotó, durante el debate por la legalización del aborto contra activistas a favor de la ley. En ese marco, en 2018 recibieron “unas seis consultas por semana de acoso digital -de las cuales una por lo menos refiere a trolls machistas en Internet- y unas 2 por difusión no consentida de material íntimo”, puntualizó.

 

Respecto a los casos en que los agresores digitales sí habían tenido un vínculo de pareja con su víctima, el año pasado se dio un cambio en las edades más afectadas respecto del anterior: “Por un lado, se dio en la franja de 16 a 19 años; y por otro, en mujeres de 37 años en adelante, que son muy susceptibles de este tipo de ataque”, describió.

 

Al realizar un análisis del por qué de esa variación, la abogada platense observó: “Suponemos que la franja de entre 20 a 35 años hoy está muy atravesada por la lucha feminista, entonces no solo no se calla sino que toma cartas en el asunto, denuncia, postea, se agrupa”.

 

El informe final será difundido después del verano, una temporada “particularmente especial en los ataques de violencia hacia las mujeres en Internet”, reveló. Esto se debe, contó, “a una serie de factores como el tiempo libre, la cantidad de datos personales que se vuelcan, las fotos de las vacaciones”, entre otros.

 

Dado que la Fundación recibe consultas de todo el país, y los Códigos Procesales son dictados por cada provincia, la letrada detalló que ante cada caso: “Hacemos un asesoramiento primario, lo analizamos, y tratamos de enlazar con profesionales o asociaciones” de cada jurisdicción.

 

Marina junto a la secretaria de la Fundación y una de sus abogadas, María Eugenia Orbea.

 

 

Penalizar conductas y reconocer derechos digitales

 

El proyecto de ley que presentó la Fundación en 2017 en la Cámara de Diputados para tipificar los delitos de difusión no consentida de imágenes íntimas, acoso virtual (acecho, hostigamiento, persecución) y hackeo de redes sociales fue fusionado con otra iniciativa que estaba en debate, hubo dictamen, pero no llegó aún al recinto y este año podría perder estado parlamentario. La propuesta también fue presentada, sin el resultado esperado, al espacio Justicia 2020, el ámbito impulsado por el gobierno nacional para realizar reformas en el Poder Judicial.

 

“El proyecto tiene que ver con el devenir de las tecnologías de la comunicación y de cómo el machismo se hace cada vez más lesivo y encuentra su hendija”, explicó. Ese tipo de conductas digitales: “En general se hacen bajo la modalidad del anonimato, entonces prevemos que en estas figuras sea un agravante, porque una mujer acrecienta su sensación de inseguridad y de vulnerabilidad cuando no sabe quién es el agresor”, enfatizó. Al respecto, remarcó que en la rama legal de la informática el anonimato es considerado un derecho, por lo que en la propuesta legislativa le anteponen la perspectiva de género: “Entonces la lupa se enfoca en otro lugar; no es un derecho ser anónimo, nos es una amenaza que sean anónimos con nosotras”.

 

En cuanto al hackeo de redes sociales, explicó: “Si bien hay algo deslizado en el Código Penal que tiene que ver con el acceso indebido a sistemas informáticos, las redes sociales no están consideradas, y creemos que es una forma muy lesiva de control del agresor. Si las hackea tiene acceso a los movimientos, contactos, chats de la víctima”.

 

Consultada por este medio, explicó que la propuesta no contempla a las denominadas “fake news” que puedan generarse como modalidad de ataque. “Tratamos de no meternos en ese tema porque hay una delgada línea con lo que es la censura a la libertad de expresión”, apuntó.

 

-A diferencia de otros tipos de violencia contra la mujer, que se dan más bien en el ámbito privado, esta modalidad requiere del espacio público para realizarse y atacar la imagen de la víctima. Es, quizá, iniciada por alguien cercano, pero luego reproducido por cientos de cuentas logrando un amplio alcance.

 

-Sí, en el proyecto de ley previmos esta característica puntualmente, son aspectos técnicos que por ahí no se tienen en cuenta porque no se ve la gravedad de la situación. Apuntamos a que, cuando se penalice, se incorpore dentro del articulado del Código Penal en la sección de delitos de acción pública, esto es que el fiscal, el Estado, lo persiga por sí mismo. Que no implique la compulsa de la víctima, que está en el medio del tránsito de la ruta crítica. No se le puede exigir que recolecte pruebas, traiga testigos, arme el relato ordenado. Es una revictimización. A eso se suma el impacto social, ya que la violencia de género digital tiene como características la permanencia en el tiempo y que la misma sociedad reproduce la violencia, que se convierte en agresora. Es muy difícil frenar la viralización de un video íntimo, principalmente por WhatsApp hoy por hoy.

 

El segundo proyecto que presentó la Fundación es para incorporar la violencia digital y la violencia telemática en la Ley 26.485: “Como tipo y modalidad, respectivamente, de las violencias machistas previstas en esta ley. A partir de ahí planteamos una enumeración de lo que son nuestros derechos digitales, que son universales, pero los pensamos en esta ley para que se tome conciencia de lo vulneradas realmente que estamos nosotras cuando padecemos estas cuestiones”, destacó.

 

Orbea junto a Florencia Cadario y Julieta Luceri, en la sede de la Fundación.

 

Entre los derechos que se incorporarían están los de dignidad digital, libertad digital e identidad digital. El primero refiere: “A la estima como personas usuarias que nosotras tenemos en Internet y que debe ser respetada”, mientras que el segundo está vinculado a la: “Posibilidad de la autodeterminación en Internet. Hoy se usa la red no solo para ocio, sino para el trabajo, para relacionarnos sexoafectivamente, para posicionarnos en el mercado. Cuando sufrimos violencia de Internet la autorealización se ve restringida porque dejamos de ocurrir en espacios digitales por miedo a los embates o a qué se va a decir de nosotras”, ejemplificó.

 

Finalmente, la identidad digital tiene que ver con la: “Percepción propia y ajena de quiénes somos en Internet. Nosotras volcamos material propio en la red, pero también se conforma de lo que el resto de la comunidad digital vuelca sobre nosotras”, por lo cual promover ese derecho implica no “lesionar el que tiene la otra persona de ser lo que quiere ser y no lo que eventualmente termina siendo por el contenido ajeno”.

 

Marina junto a María Eugenia Orbea y Lucía Mantecón Rodríguez.

 

Víctima directa

 

La creación de la Fundación Activismo Feminista Digital está relacionada a la historia personal de Marina Benítez Demtschenko, quien en 2012 descubrió que su ex pareja mantenía diálogos virtuales con otros hombres haciéndose pasar por ella a través de un perfil falso y difundía fotografías íntimas suyas. Como consecuencia de esta acción, sufrió abordajes sistemáticos de hombres en la calle, en Tribunales, en el supermercado, que sabían todo sobre ella y creían que era con quien hablaban.

 

Luego de un primer intento en 2012 y otro en 2013, que no tuvieron recepción, pudo hacer la denuncia formal un año y medio después. Sin embargo, durante ese tiempo: “No hice mi vida normal, estaba muy asustada. Y empecé a analizar qué estaba pasando con esto, que seguramente no me pasaba a mí sola. Y buscaba legislación en otros países, puntualmente de la difusión no consentida de material íntimo, de cómo se hablaba de este tema, que hasta el día de hoy, aunque ya menos naturalizado, se habla de pornovenganza. ¿Venganza de qué? ¿A las mujeres nos hacen esto por venganza”, se preguntó. En ese contexto: “En 2014 cuando hice la denuncia le dije a mis dos abogadas que teníamos que instalar la idea de violencia de género digital en Argentina” y promover que sea tipificada. Fue el puntapié para crear la ONG, que ya cuenta con personería jurídica.

 

 

Recomendaciones

 

“Primero, siempre recomendamos la recolección de la evidencia digital, porque las víctimas ante el temor e incertidumbre suelen bloquear, borrar, eliminar material, que si bien es recuperable lo es a partir de procedimientos técnicos que se dan o con un perito informático o en la Justicia y después de un tramo, y se diluye muchísimo la posibilidad de persecución de ese agresor”, explicó la abogada sobre cómo sugieren proceder en casos de violencia digital. Esa prueba se puede certificar con peritos informáticos, que suelen recomendar desde la Fundación. Luego, la abogada platense agregó: “Hacer una inspección de nuestras propias cuentas, configurar la privacidad, eliminar contactos que no conocemos, cerrar todo posible canal de ataques posteriores, porque muchas veces los agresores están dentro de los contactos con otros nombres y ve todo lo que hace la víctima”. A la vez, dotar de mayor seguridad al correo electrónico: “El mail es foco de conflictos porque no tiene doble verificación, ninguna medida de seguridad, las víctimas tienen contraseñas débiles”, describió. Y, además, aconsejó: “Asesorarse con una abogada feminista, con perspectiva de género y con conocimiento de derecho informático”.

 

Si sufrís de violencia de género llamá al 144, la línea gratuita de asistencia y prevención.

 

Fotos: Gentileza Marina Benítez Demtschenko.

 

 

 

 

AUTORA

 

 

ROMINA GELROTH: Su madre siempre cuenta que, de sus cuatro hijos, fue la que aprendió primero a hablar y luego a caminar. Será el origen de su afición por las palabras, escritas o habladas. Es fanática del cine, y despuntó su amor por la fotografía: todo es digno de ser congelado con luz, especialmente las aves y los cielos. Panza verde de origen, le es imposible estar sin la compañía del mate. Adoptó La Plata hace algunos años, y ya se con-funde bien en el paisaje urbano de las diagonales y tilos.

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